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El conflicto en torno a MUFACE sigue escalando. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue las quejas de "centenares" de mutualistas que, en los últimos meses, han sufrido cancelaciones de citas, denegaciones de pruebas médicas e incluso la suspensión de intervenciones quirúrgicas, algunas de ellas relacionadas con afecciones graves como enfermedades oncológicas, cardiológicas y neurológicas.
Según CSIF, estas situaciones han provocado graves problemas de salud física y mental tanto en los mutualistas como en sus familias. En su denuncia, el sindicato señala directamente a las aseguradoras Adeslas, DKV y Asisa, acusándolas de una "injustificada negativa" a prestar asistencia sanitaria, lo que consideran un problema de salud pública que afecta a los 1,5 millones de mutualistas y beneficiarios del sistema.
El sindicato ha solicitado a la Fiscalía que abra una investigación para determinar posibles responsabilidades penales, tanto de las aseguradoras como de las personas físicas que pudieran estar implicadas en los hechos. En el escrito presentado, CSIF subraya que "en ningún caso, una cuestión puramente económica -la no renovación del actual concierto sanitario- puede justificar la desatención en materia del derecho fundamental a la protección de la salud".
Entre las diligencias solicitadas, CSIF pide que MUFACE informe sobre las quejas y reclamaciones presentadas por los mutualistas desde octubre de 2024, detallando los servicios sanitarios denegados, las causas de la negativa y las acciones llevadas a cabo por la mutualidad para evitar esta situación.
Aunque el Gobierno ha lanzado una nueva licitación del concierto sanitario con condiciones más cercanas a las demandas de las aseguradoras, el conflicto sigue sin resolverse. Desde octubre, la falta de acuerdo entre el Ejecutivo y las compañías aseguradoras ha generado una oleada de cancelaciones y retrasos en la atención sanitaria, lo que ha llevado a CSIF a intensificar su presión sobre todas las partes implicadas.
El sindicato ha criticado duramente la actitud de las aseguradoras, pero también ha afeado la postura de otras organizaciones sindicales, a las que acusa de "doble juego" por reclamar soluciones mientras promueven que los mutualistas abandonen el sistema de concierto sanitario.
Ante la falta de un acuerdo definitivo, CSIF mantiene la jornada de huelga convocada para este jueves, 13 de febrero. Más de 500.000 funcionarios de diferentes ámbitos, como personal docente, trabajadores de la Administración General del Estado y funcionarios de Correos, están llamados a participar en esta protesta. Aunque los policías no pueden secundar la huelga, el sindicato policial Jupol ha mostrado su apoyo a la convocatoria.
CSIF ha intensificado en las últimas semanas su interlocución con MUFACE, las aseguradoras y los partidos políticos, reclamando "responsabilidad" para resolver una situación que pone en riesgo la atención sanitaria de más de 1,5 millones de personas.
El modelo mutualista de MUFACE, que permite a los funcionarios elegir entre sanidad pública y privada, atraviesa una de sus mayores crisis en décadas. La falta de renovación del concierto sanitario ha generado incertidumbre entre los mutualistas, que temen perder el acceso a la sanidad privada o enfrentarse a un sistema público ya saturado.
Con la nueva licitación lanzada por el Gobierno, que estará abierta hasta el 4 de marzo, comienza a vislumbrarse una posible solución. Sin embargo, el éxito de esta convocatoria dependerá de si las aseguradoras consideran suficientes las condiciones económicas ofrecidas.
Mientras tanto, la denuncia presentada por CSIF ante la Fiscalía añade un nuevo frente al conflicto, poniendo el foco en las posibles responsabilidades legales de las aseguradoras por la desatención sanitaria sufrida por los mutualistas.
