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El sistema mutualista de MUFACE, que permite a los funcionarios elegir entre sanidad pública y privada, atraviesa su mayor crisis en décadas. Tras el rechazo de Asisa a la segunda licitación del concierto sanitario 2025-2027, y con Adeslas y DKV también fuera, el futuro del modelo queda en el aire. El Gobierno se enfrenta ahora a la difícil tarea de garantizar la continuidad de la atención sanitaria para más de 1,5 millones de mutualistas y sus familias.
¿Por qué las aseguradoras rechazan la licitación?
El Ejecutivo ofreció un incremento del 33,5% en las primas para este nuevo concierto sanitario, pero las aseguradoras consideran que sigue siendo insuficiente para cubrir los crecientes costos de la atención médica. Factores como la inflación, el aumento de los precios de los medicamentos y el envejecimiento de la población mutualista han hecho que las compañías aseguren que operar bajo estas condiciones es económicamente inviable.
El rechazo de las tres principales aseguradoras deja desierta, casi con total seguridad, la segunda licitación, cuyo plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 27 de enero de 2025. Esto obligará al Gobierno a buscar alternativas urgentes para evitar el colapso del sistema.
¿Qué opciones tiene el Gobierno?
Con la segunda licitación prácticamente desierta, el Ejecutivo deberá tomar decisiones rápidas. Estas son las principales opciones que se barajan:
Convocar una tercera licitación con mejores condiciones:
El Gobierno podría aumentar aún más las primas para atraer a las aseguradoras. Sin embargo, esto supondría un mayor coste para las arcas públicas, algo que podría generar tensiones presupuestarias.
Negociar directamente con las aseguradoras:
En lugar de una nueva licitación, el Ejecutivo podría optar por una negociación directa para alcanzar un acuerdo que permita mantener el modelo mutualista. Esto podría incluir ajustes automáticos por inflación o mayores aportaciones públicas.
Prorrogar el concierto actual:
Como medida temporal, el Gobierno podría extender el contrato vigente mientras se negocian nuevas condiciones. Esto garantizaría la continuidad del servicio a corto plazo, pero no resolvería los problemas estructurales del modelo.
Integrar a los mutualistas en la sanidad pública:
Si no se logra un acuerdo con las aseguradoras, los mutualistas podrían ser transferidos al sistema público de salud. Esto supondría un cambio radical en el modelo y generaría una presión adicional sobre una sanidad pública que ya enfrenta problemas de saturación en muchas comunidades autónomas.
¿Qué pasará con los mutualistas?
La incertidumbre sobre el futuro de MUFACE preocupa a los mutualistas, que temen perder el acceso a la sanidad privada o enfrentarse a un sistema público potencialmente sobrecargado. Actualmente, el Gobierno ha garantizado la continuidad de la atención sanitaria mediante prórrogas del concierto actual, pero esta es solo una solución temporal.
Si los mutualistas fueran transferidos al sistema público, más de 1,5 millones de personas se incorporarían a una sanidad pública que ya enfrenta importantes desafíos, como la falta de personal y la saturación de hospitales y centros de salud.
El rechazo de Asisa, Adeslas y DKV a la segunda licitación del concierto sanitario de MUFACE deja al modelo mutualista en una situación crítica. El Gobierno deberá actuar con rapidez para evitar el colapso del sistema, ya sea convocando una nueva licitación, negociando directamente con las aseguradoras o planteando una reforma estructural. Las próximas semanas serán decisivas para determinar el futuro de MUFACE y el acceso a la sanidad de más de 1,5 millones de funcionarios y sus familias.
